México.- La Fiscalía General del Estado de Guerrero, detectó que más de 200 policías viales de Acapulco aparecen en nómina pero no desempeñan funciones. 

Al finalizar el proceso de revisión de personal, armamento e instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Acapulco, la Fiscalía encontró que 202 de 408 policías viales no se reportan a sus labores. 

En el caso de los elementos no reportados, la Fiscalía presume que no laboran en la dependencia, por lo que ahora investiga su ubicación al aparecer dichos agentes en nómina y activos sin desempeñar sus funciones, indicó la dependencia

Explicó que dentro de la inspección a las instalaciones de la Secretaría, "se encontraron cantidades mínimas con las características propias de la marihuana y cocaína, las que fueron puestas a disposición de las autoridades competentes". 

A su vez, se dijo que en la revisión se encontraron diversas inconsistencias en la documentación correspondiente, como el incumplimiento en los procesos de evaluación y certificación de los cuerpos policiacos al tener solamente 674 aprobados de 1.309 elementos activos. 

Asimismo, 23 servidores públicos que tenían relación directa con los dos mandos operativos a quienes se les ejecutó orden de aprehensión, presentaron sus renuncias voluntarias.

Mientras que 14 elementos operativos y cuatro viales, desde el momento de la ejecución de las órdenes de aprehensión, no se han presentado a laborar, por lo que están bajo investigación. 

En relación a la inspección que realizó la Secretaría de la Defensa Nacional del armamento, cartuchos, equipo táctico y radios de comunicación se encontraron diversas irregularidades, como la falta de aproximadamente 200 armas de fuego, de las que se desconoce su ubicación. 

También se detectó que 25 vehículos de la Secretaría son ocupados para funciones distintas a la de prevención y de seguridad, siendo que 14 se encuentran adscritos a presidencia y 11 a la misma secretaría. 

El martes, el Gobierno Federal y estatal tomaron el control de la seguridad en el puerto de Acapulco, por fundadas sospechas que apuntan a que la corporación municipal está infiltrada por el crimen organizado.