Ciudad de México, 16 de agosto, 2012. La Procuraduría General de Justicia de Veracruz intenta sorprender a la opinión pública mediante un comunicado en el que da por esclarecidos los crímenes de los periodistas Guillermo Luna Varela, Gabriel Huge Córdoba, Esteban Rodríguez Rodríguez, Víctor Manuel Báez, así como el de Irasema Becerra empleada del periódico El Dictamen, luego de una detención realizada el pasado viernes 8 de agosto.
El Gobierno de Veracruz intenta dar carpetazo a la peor crisis de violencia contra la prensa de la entidad al atribuirle la aceptación plena de los
homicidios a un grupo de personas que no han sido aún sometidas a proceso. Más preocupante resulta aun que el procurador estatal Amadeo Flores Espinosa criminalice a las víctimas al afirmar que “estos reporteros a su vez habían sido los causantes de la muerte de otros periodistas, asesinados por la organización delictiva autodenominada Los Zetas”.
ARTICLE 19 advierte que las conclusiones emitidas hoy por la Procuraduría local se encuentran basadas en una supuesta confesión hecha antes de que se determinara el ejercicio de la acción penal contra los presuntos delincuentes y no en una investigación exhaustiva y seria de cada uno de los casos. Sorprende particularmente el apremio de la actual administración estatal para convertir el resultado de una operación realizada hace una semana por efectivos de la Marina, y no por agentes ministeriales, en prueba incontrovertible de responsabilidad penal.
Como advertía el reciente informe Ni seguridad, ni derechos, de Human Rights Watch, mientras a nivel declarativo se expresa compromiso con el respeto de los derechos humanos, los funcionarios públicos desestiman las denuncias de víctimas como falsas y describen a las víctimas como delincuentes. Este hecho es relevante, pues en el periodo de Javier Duarte al frente del gobierno estatal, han sido asesinados nueve periodistas, cinco de los cuales han sido vinculados con la delincuencia organizada por la Procuraduría local.
Durante los últimos meses, lejos de presentar avances de las indagatorias, las instituciones de procuración de justicia de Veracruz han permitido filtraciones irresponsables a la prensa sobre el crimen de la corresponsal de Proceso, Regina Martínez, y han contribuido con su silencio al crecimiento de rumores que propiciaron la salida temporal o definitiva de varios periodistas del estado, a quienes se les informa extraoficialmente que su vida está en riesgo.
ARTICLE 19 hace público su escepticismo frente la pretensión de las autoridades de Veracruz de haber resuelto múltiples crímenes de periodistas en una sola acción, después de largos periodos de silencio, omisiones e inacción en las investigaciones. En ese sentido pedimos a las autoridades federales, particularmente a la Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos Contra la Libertad de Expresión de la PGR investigar a profundidad estos casos y agotar la línea relativa al ejercicio periodístico de las víctimas, además de sancionar a los responsables y reparar el daño a los afectados.
Resulta inadmisible que se intente sustituir la procuración de justicia con maniobras mediáticas. Exigimos que la actuación de las autoridades veracruzanas se apegue en todo momento al debido proceso, y que se respeten los derechos y la dignidad de las víctimas y familiares, así como los de los ahora inculpados.
Estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisan que sólo si se esclarecen todas las circunstancias en cuanto a la violación, el Estado habrá proporcionado a las víctimas y a sus familiares un recurso efectivo y habrá cumplido con su obligación general de investigar y sancionar, permitiendo a los familiares de la víctima conocer la verdad sobre todo lo sucedido.
