A muchos años de los hechos casi olvidamos el accidente de la planta nuclear de Chernobyl, Ucrania en abril de 1986, cuando una nube de polvo radioactivo durante meses cubrió buena parte de Europa, lo que contaminó diversos alimentos. Algunos países optaron por prohibir la comercialización  de estos y la gran mayoría de las  empresas almacenaron todo en tanto encontraban la manera de deshacerse del producto sin lastimar la salud de las personas.

Sin embargo, a principios de 1987 la firma irlandesa Irish Dairy Borrad le vendió cerca de 45 mil toneladas de leche en polvo al gobierno mexicano mediante la paraestatal Conasupo.

Esta leche poseía un alto contenido toxico de estroncio 90 y cesio 137 en cantidades 10 veces superiores a lo tolerable por el organismo humano. Cuando el asunto fue ventilado, algunas asociaciones internacionales incluyendo la Organización Mundial de la Salud se pronunciaron en contra de la distribución y compra de la leche radioactiva.

En primera instancia, mañosamente el gobierno federal encabezado en aquel entonces por Miguel de la Madrid Hurtado negó haber adquirido leche contaminada, ante lo inevitable al poco tiempo tuvo que admitir que efectivamente había adquirido el producto altamente contaminado, minimizando los hechos y señalando que únicamente 42 de las 45 mil toneladas estaban contaminadas.

Tras la presión por parte de diversas instancias de la salud internacionales, el gobierno mexicano devolvió a Irlanda  sólo 4 mil toneladas de esta leche, a ciencia cierta aún no se sabe que ocurrió con el resto.

Raúl Salinas de Gortari era en esas fechas el director de Liconsa, organismo que presumiblemente se encargó de vender la leche en polvo como materia prima para algunas empresas y de repartir el resto a las familias mexicanas.