Las autoridades Mexicanas tienen la responsabilidad de proteger a los migrantes en riesgo en el Estado de México, dijo hoy Amnistía Internacional en una carta que envió al Gobernador del Estado de México, Dr. Eruviel Ávila Villegas, para expresar su preocupación sobre el cierre del albergue para migrantes irregulares en tránsito San Juan Diego en Lechería, Tultitlán.
Según la información recibida, el 7 de julio, hubo una confrontación entre algunos migrantes y vecinos de la localidad, provocado por personas ajena al albergue. En el momento de la confrontación no había ninguna patrulla policial presente, a pesar de que la presencia permanente de patrullas de vigilancia es una obligación del Estado mexicano conforme con las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Después de la confrontación violenta, los vecinos del albergue empezaron a manifestarse con cartulinas demandando el cierre del albergue, e impidieron que los migrantes tuvieran acceso al mismo. Dos días después, el encargado del albergue recibió una amenaza por parte de vecinos que habían cerrado las calles en torno al mismo. La falta de condiciones de seguridad para seguir el trabajo del albergue obligó a sus encargados a cerrar la casa de migrantes.
“El cierre del albergue puede tener consecuencias graves para muchos migrantes en condiciones muy precarias que llegan al Estado de México en tránsito hacia el norte,” dijo Rupert Knox, investigador sobre México de Amnistía Internacional.
“Las autoridades de México en varias ocasiones han reconocido la vulnerabilidad de los migrantes irregulares en transito en el pais, incluyo las palizas, secuestros, violaciones y asesinatos que muchos sufren cada año. Por lo tanto es esencial que los actores de la sociedad civil que se dedican a apoyar humanitariamente sean reconocidos y apoyados para que puedan seguir con este trabajo tan importante.”
En su carta, Amnistía Internacional también ha pedido al Gobernador que tome todas las medidas necesarias para impulsar la investigación de estos hechos y otras acciones violentas y delictivas contra los defensores de migrantes y los migrantes mismos, y así llevar a juicio a todos los responsables.
De igual forma, ha pedido que el Gobernador asegure la protección eficaz de los migrantes en riesgo, de las personas defensoras de derechos humanos que trabajan con ellos, y que brinde las condiciones necesarias para que el albergue pueda abrir de nuevo, garantizando su seguridad, sea en las instalaciones actuales, o sea reubicándola en otro lugar de Lechería consultando con los interesados.
Una copia de la carta se ha enviado al Secretario de Gobernación, el Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Para una copia de la carta de Amnistía Internacional al Gobernador del Estado de México, vea:
