Para la CROC la iniciativa presidencial es regresiva porque vulnera la autonomía sindical al pretender auditar y fiscalizar sus recursos.

Muchos han sido los esfuerzos por modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT) en aras de ventilar los ingresos que reciben los líderes sindicales por concepto de cuotas gremiales.

Pero en cuanto se toca el tema de transparencia y rendición de cuentas, los intentos se vienen abajo.

En la pasada legislatura, los diputados del PAN propusieron una iniciativa para eliminar las cuotas sindicales obligatorias, auditar los ingresos de estas agrupaciones e instaurar el voto directo para elegir a los líderes.

Por supuesto, nunca pasó; aún cuando los propios legisladores saben que muchos sindicatos, como el de docentes y trabajadores petroleros, obtienen una gran cantidad de recursos por concepto de cuotas, sin rendir cuentas a nadie.

Un viejo anhelo del PAN es hacer públicas esas cuentas, una caja en la que aportan millones de trabajadores parte de su salario, de manera obligatoria. Recursos que han financiado, desde hace varias décadas, el andamiaje político y económico de las propias organizaciones sindicales.

La iniciativa de reforma a la LFT que envió el presidente Felipe Calderón al Congreso incluye la tan perseguida rendición de cuentas y democratización de gremios, así como la flexibilización de jornadas y contratación de terceros.

De hecho, es una amalgama de temas que ya habían sido incluídos en otros intentos de reforma y que nunca cuajaron, admite a Reporte Indigo el Senador Isaías González Cuevas, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).

La iniciativa propone el voto libre, directo y secreto en la elección de la directiva, de acuerdo con los criterios sustentados por el Comité del Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo.

Enfatiza la obligatoriedad de entregar un resumen de los resultados de la administración sindical a todos los trabajadores sindicalizados.

Y que incluya, por supuesto, los ingresos por cuotas y otros bienes, así como su destino en la rendición de cuenta de los sindicatos, sin que ello signifique atentar contra la libertad sindical, aclara.

“Si la organización sindical cuenta con más de 150 agremiados, los resultados deberán ser dictaminados por un auditor externo y difundirlos entre los miembros del sindicato”.

Además, establece que los estatutos de los sindicatos contengan las sanciones a sus directivos en caso de incumplimiento de sus funciones.

Incluso, los estatutos de cada agrupación deberán incluir instancias y procedimientos  internos que aseguren la resolución de controversias entre los agremiados, con motivo de la gestión de los fondos sindicales.

Para el dirigente de la CROC, estos preceptos son regresivos porque vulneran la autonomía sindical al pretender auditar y fiscalizar los recursos de las agrupaciones.

Recuerda que el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo establece que los sindicatos deben presentar los estados contables de los recursos que obtienen vía cobro de cuotas, cada seis meses.

Garantiza que la iniciativa puede salir en el tiempo pactado, siempre y cuando se respeten los derechos de los trabajadores establecidos en el artículo 123 de la LFT: mantener el derecho a la huelga, a la seguridad social, la permanencia laboral y una jornada de trabajo de ocho horas al día.

Sobre la propuesta de suprimir la clausula de exclusión por separación, González Cuevas aclaró que son lineamientos de cada agrupación sindical que deben ser respetados.