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Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición Compromiso por México dijo que continuará la lucha contra el crimen organizado, pero con una nueva estrategia para reducir la violencia en el país.

En conferencia de prensa, Peña Nieto dijo que en su gobierno no habrá "ni pacto ni tregua con el crimen organizado", destacando que está dispuesto a “ejercer una Presidencia moderna, responsable, abierta a la crítica, dispuesta a escuchar y a tomar en cuenta a todos”.

Además, resaltó que en esta elección “no ganó una persona o un partido político. Este día ganó la democracia. En esta elección ganamos todos".

Agradeció al presidente Felipe Calderón el reconocimiento de los resultados y por su “vocación democrática y conducta institucional durante el proceso electoral, por su determinación por afrontar decisiones difíciles durante su gestión”.

Pidió también a sus adversarios dejar atrás las diferencias “más allá de los colores, más allá de preferencias personales”, y reconoció la participación de Josefina Vázquez Mota, Andrés Manuel López Obrador.

 

 

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Por Rosa Santana (Mérida),  Gabriela Hernández (Puebla) y Ezequiel Flores (Chilpancingo) YUCATÁN:

RECURREN A FEPADE El Partido Acción Nacional (PAN) en Mérida, Yucatán, denunció a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y al secretario estatal de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por la “descarada intervención” del aparato gubernamental para favorecer a los candidatos del PRI.

De acuerdo con el dirigente estatal panista en Yucatán, Hugo Sánchez Camargo, policías estatales fueron y siguen siendo utilizados en las operaciones de la compra y coacción del voto en los municipios de Dzitas, Buctzotz, Chemax, Tinum, Tekom e Izamal y Sacalum, entre otros. De este último municipio exhibió fotografías en las que se ve a varios uniformados formando una valla para proteger a priistas en el reparto de despensas, y también cuidaban una bodega repleta de provisiones.

“Hemos visto en los últimos días una clara intromisión del gobierno en varios municipios al interior del estado, donde se registran atropellos y anomalías”, aseguró Sánchez Camargo. Añadió: “Estas acciones están atentando no sólo contra la ley electoral, sino contra el estado de derecho y las garantías individuales de los yucatecos”.

El panista calificó como “una burla a los yucatecos” el exceso de de policías en el estado, quienes –dijo– en lugar de estar al servicio de los yucatecos están a favor del PRI, “cuidando que las despensas que mandan lleguen a quien quieren”. Además, denunció que esta semana policías estatales levantaron a un jefe policiaco municipal de Teabo, Rigoberto Cabrera Ek, para que respondiera ante la justicia por los daños a un vehículo de un exalcalde priista, asunto que, aseguró, ya estaba arreglado al demostrarse que aquel no fue el responsable.

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Periodistas:es

El clientelismo, el acarreo de votantes y la coacción son prácticas arraigadas en México que intranquilizan a observadores y a ciudadanos que se aprestan a vivir las elecciones presidenciales del domingo 1 de julio.

Están dadas "todas las condiciones para que (estas maniobras) ocurran. Nos preocupa que haya compra y coacción del voto y el exceso de observadores registrados en algunas regiones, cuyo papel no está claro", dijo a IPS el portavoz del Comité Conciudadano para la Observación Electoral, Bernardo Portillo.

El Comité, que agrupa a 17 organizaciones no gubernamentales, analizó la representación de género, la transparencia y la democracia interna de los partidos políticos en la campaña electoral iniciada en marzo.

La entidad solicitó al Instituto Federal Electoral (IFE), ente autónomo organizador de los comicios, que difunda de manera más amplia cuáles son los delitos electorales y cómo deben presentarse las denuncias.

El IFE acordó que los regalos y materiales de construcción ofrecidos a votantes durante la campaña no comprometen la independencia del sufragio. La compra y la coacción del voto están tipificadas en los códigos penal y de procedimientos electorales.

El 1 de julio, la ciudadanía elegirá 500 diputados, 128 senadores y al presidente de México por un período de seis años. Además, habrá comicios en 15 estados, y en siete de ellos se elegirán gobernadores.

El 1 de septiembre se inaugurará la nueva legislatura y el 1 de diciembre se llevará a cabo la investidura de quien suceda al actual presidente, el conservador Felipe Calderón.

Hay 84 millones de personas habilitadas para votar en este país de 112 millones de habitantes, y se estima que unos 20 millones no acudirán a las urnas.

"En la campaña ha habido irregularidades", eso "viene de la cultura política de los partidos y los candidatos que transgreden la normatividad", dijo a IPS la académica María Amparo Casar, del Departamento de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica.

"Algunas imperfecciones son producto de leyes imperfectas que se tendrían que corregir y tomar la experiencia de estas elecciones para que se corrijan", apuntó la investigadora.

El IFE registró a 31.400 observadores de organizaciones de la sociedad civil, más de 500 de ellos extranjeros. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el gobierno mexicano destinaron más de cinco millones de dólares a financiar la vigilancia de la jornada comicial, repartidos entre 50 organizaciones.

Cerca de 90 por ciento de las mesas electorales en los 300 distritos del país cuentan con funcionarios -elegidos al azar por el IFE- encargados de procesar la asistencia de los votantes, y con delegados de por lo menos dos fuerzas políticas.

Pero, según el Comité Conciudadano, solo 18 distritos cuentan con todas las casillas (mesas electorales) provistas con los siete funcionarios que requiere cada una, y menos de 20 por ciento de las mesas de otros nueve distritos tienen la cantidad necesaria de funcionarios para su operación.

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Por Gabriela Hernández

PUEBLA, Pue., 27 de junio (apro).- El gobierno federal ‘rasuró’ a cerca de 40 mil familias –todas simpatizantes del PRI y del PRD– del padrón de beneficiarios de Oportunidades en el estado, pero incorporó a ese programa social a partidarios del PAN. Sin que existiera un proceso previo para confirmar que ya no requerían del apoyo y que efectivamente habían superado la pobreza,   las personas que fueron dadas de baja de Oportunidades recibieron un carta del gobierno de Felipe Calderón en la que resaltaba esta frase: “¡Felicidades!, dejaste la pobreza”.

Esta semana, un grupo de aproximadamente 150 mujeres del municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc acudió a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), para denunciar a las siete vocales del programa Oportunidades en ese municipio por condicionar dicho beneficio a cambio de su voto por la candidata de Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota. De acuerdo con las mujeres, una de las vocales, identificada como Yolanda Rodríguez, les dijo claramente que no podían seguir recibiendo la ayuda porque eran “priístas”.

 

Además, recordaron que desde septiembre pasado otra de las vocales, Rosario González, y su esposo Martín Rivera –dirigente municipal del PAN–, operaron para que las personas que simpatizaran con otros partidos fueran sacadas del padrón de beneficiarios y que su lugar fuera ocupado por panistas, aunque no fueran familias de escasos recursos. Y mencionaron que Maricruz Rodríguez, otra de las vocales, les advirtió que podrían ser incorporadas de nueva cuenta al programa federal si votaban por el PAN e invitaban a más personas a hacerlo.

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La Red Nacional de Periodistas, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, Comunicación e Información de la Mujer A.C y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) manifiestan su inconformidad sobre la resolución de la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz sobre el feminicidio de la periodista Regina Martínez Pérez y exigen a las autoridades investiguen y castiguen a los responsables.

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