Associated Press| La misiva escrita a mano dirigida al presidente y los legisladores mexicanos procedía de un penal federal situado a las afueras de la capital, escribe Los Angeles Times.
La habían escrito 20 soldados que se hallan a la espera de sentencias por delitos cometidos durante la guerra de las drogas en México, durante la cual se destacamentaron decenas de miles de efectivos para hacer frente a grupos criminales bien armados en un sangriento conflicto que parece no tener fin.
“El estado mexicano nos utilizó en un experimento fallido que dio como resultado un número enorme de víctimas colaterales y docenas de soldados de bajo rango presos”, escribieron los elementos tras las rejas. “Estamos realizando una función para la cual no estábamos preparados”.
La misiva constituyó una rara expresión pública de desasosiego entre los miembros de las fuerzas armadas mexicanas. El documento captó lo que hay quien describe como la creciente sensación de inquietud e incluso inconformidad conforme México avanza hacia lo que parece ser el uso permanente de los soldados en su guerra contra las drogas.
Elementos y exelementos están sumándose a grupos derechohumanistas a fin de denunciar la militarización al alza de la vigilancia civil, tendencia reforzada mediante la nueva Ley de Seguridad Interna. Dicha ley está impugnada ante la Suprema Corte.
Los críticos consideran que las fuerzas militares no están preparadas para las labores policiacas y que su despliegue está afectando la confianza en las fuerzas militares, unas de las instituciones mexicanas más respetadas.
Los soldados se han visto implicados en docenas de casos de tortura, asesinatos, desapariciones y otros delitos desde que fueron destinados al frente de las batallas contra los cárteles de la droga.
Luego está el creciente número de bajas entre los elementos, en su mayoría de origen humilde, que hoy en día son asignados rutinariamente a prestar servicio en estados acosados por la violencia.
Los grupos delictivos han hecho complejas emboscadas contra las patrullas militares, secuestrado y decapitado soldados, e inclusive derribado a dos helicópteros.
Desde que México lanzó en el 2006 su ofensiva contra los cárteles, de acuerdo con estadísticas oficiales, más de 500 efectivos han muerto, aproximadamente la mitad de ellos a tiros y los otros en accidentes vehiculares, accidentes aéreos y otros incidentes vinculados con las misiones contra el crimen organizado.
“Obviamente esto genera costos físicos y sicológicos”, señaló Javier Oliva Posada, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Otros mil 500 resultaron heridos, algunos quedando lisiados en forma permanente.
Aunque históricamente se han mostrado renuentes a comentar en público las quejas, los comandantes de alto nivel argumentan que la nueva ley de seguridad hace falta a fin de proporcionar el “marco legal” para la función de las fuerzas militares en el combate de los cárteles.
Pero para los gobiernos estatales y municipales, dicen los críticos, depender en los soldados se ha vuelto contraproducente y un factor que inhibe la reforma policial.
A diferencia de una presencia policiaca profesional, consideran expertos, los despliegues militares tienen a durar poco y a no rendir cuentas, publica el diario.mx