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El consumo de heroína mexicana en Estados Unidos se disparado en los últimos años ante la dificultad que enfrentan los adictos de este país para obtener medicinas controladas y metanfetaminas en el mercado negro, informó la Oficina Nacional de Políticas para el Control de las Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca.

Así lo dio a conocer hoy el llamado zar antidrogas de la Casa Blanca, Gil Kerlikowske, en una teleconferencia de prensa, quien añadió que de 2008 a 2013 hubo un aumento del 324% en la confiscación de heroína en la frontera sur (de Estados Unidos).

El director de la ONDCP aclaró que todas las estadísticas sobre el consumo de heroína, metanfetaminas, medicinas controladas y en general de opiáceos provienen de la Administración Federal Antidrogas (DEA).

En la teleconferencia, Kerlikowske destacó la gran preocupación del gobierno de Barack Obama por el creciente número de personas que mueren por sobredosis de heroína.

“Es muy alta la disponibilidad de heroína porque en algunos casos es más barata y más fácil de conseguir que las medicinas controladas que se venden con receta”, explico el zar antidrogas.

Y ofreció un dato aterrador: que 100 estadunidenses mueren cada año por sobredosis de droga.

De acuerdo con las últimas estadísticas de la DEA sobre la confiscación de heroína en la frontera con México se observa una curva ascendente. Por ejemplo, en 2008, se aseguraron 558 kilos; en 2009, 773; en 2010, mil 112; en 2011 mil 363, y en 2012, 2 mil 091 kilos.

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Antonio Morales Zepeda no le importa ser inhabilitado entre cinco y ocho años para ejercer algún cargo dentro del Partido Acción Nacional (PAN) o para postularse a algún cargo de elección popular. Lo que le importa es mostrar que Jorge Romero Herrera, el actual Delegado de Benito Juárez –la única demarcación que el PAN gobierna en el Distrito Federal– es un panista poderoso en la capital gracias a su práctica de inventar afiliaciones, afirma en entrevista para SinEmbargo.

Morales en 2012 interpuso una denuncia ante el Instituto Federal Electoral (IFE) para acusar cómo durante la gestión de la actual Senadora Mariana Gómez del Campo al frente del PAN capitalino, se permitieron miles de afiliaciones masivas al padrón de militantes del partido. Fue una operación planeada por Gómez del Campo y Jorge Romero, cuando éste era Diputado local, entre 2006 y 2009, con la intención de fortalecer la influencia de ambos en la capital. 

Morales formaba parte entonces del equipo de Romero en el comité delegacional del PAN la en Benito Juárez. Desde ahí falsificó unas mil 500 afiliaciones. Pero cada comité delegacional panista tenía la misma encomienda, como Coyoacán, donde el equipo de Obdulio Ávila Mayo operó para también falsificar firmas de afiliaciones.

Gracias a esta operación el grupo de Gómez del Campo y Romero, formado desde que Mauricio Tabe Echartea llegó a la dirigencia juvenil panista en el DF, se ha fortalecido, afirma Morales. Uno de sus operadores, Obdulio Ávila, sustituyó en 2009 a Gómez del Campo en la dirigencia capitalina, y designó a la sobrina de la ex primera dama, Margarita Zavala, coordinadora de la bancada en la Asamblea Legislativa del DF. En 2012 Romero, gracias a las afiliaciones masivas, obtuvo la candidatura para contender por la delegación Benito Juárez y a la dirigencia del PAN en el DF llegó Mauricio Tabe.

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El capo Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, uno de los principales dirigentes del grupo criminal “Los Caballeros Templarios” fue grabado por la cadena británica 4 news regalando dinero a personas de escasos recursos, saludando a niños y pronunciando discursos ante pobladores.

“Yo desde chico he sido altruista. Mi madre me dijo que yo nunca iba a tener dinero porque todo lo regalaba”, se justifica el capo en una entrevista con el canal inglés.

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Cercano a Enrique Peña Nieto desde sus tiempos en el Estado de México, Alfredo Castillo Cervantes ha sido uno de sus “apagafuegos”. Empezó con el caso de la menor Paulette Gebara Farah y siguió con infinidad de casos cuando estuvo al frente de la procuraduría mexiquense, inmerso siempre en el escándalo. Ese estigma no lo abandona, tal como se ve ahora que fue nombrado comisionado en Michoacán para meter orden en esa exaltada entidad.

“Tú debes buscar a una niña muerta, no a una niña desaparecida”, le advirtió Luis Cárdenas Palomino –segundo hombre fuerte de Genaro García Luna en el sexenio calderonista– a su amigo Alfredo Castillo Cervantes en marzo de 2010.

En esa época Castillo Cervantes era subprocurador regional de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y responsable de la investigación de la niña Paulette Gebara Farah, desaparecida entre el 21 y 22 de ese mes en Huixquilucan.

Hoy Castillo es comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán. En privado admite que la recomendación de Cárdenas Palomino fue determinante para la solución de aquel caso, uno de los más escandalosos en los tiempos de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México.

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La Procuraduría General de la República (PGR) y las de Justicia de los estados podrán ubicar, en tiempo real y sin la orden de un juez, los números de teléfonos celulares usados por presuntos secuestradores, extorsionadores y narcotraficantes, según lo votó hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Luego de dos días de discusión, por ocho votos a favor y tres en contra, los ministros aprobaron la llamada “Ley de Geolocalización”, pero aclararon que antes de la solicitud del rastreo -que deberá presentarse por escrito o de manera electrónica-, las autoridades ministeriales deberán demostrar a las empresas telefónicas que se trata de casos de “extrema urgencia”.

Según la explicación de los magistrados, la extrema urgencia sólo aplicará en asuntos relacionados con secuestro, extorsión, amenazas, delincuencia organizada y delitos contra la salud; así como cuando esté en peligro la integridad física de una persona –por ejemplo, que se pueda rescatar a una víctima de secuestrado- o haya riesgo de que el objeto de la búsqueda desaparezca o se oculte.

De acuerdo con el proyecto de sentencia modificado por la ministra Margarita Luna Ramos, lo que se pretende es evitar abusos y otras irregularidades de los agentes del Ministerio Público que realicen las investigaciones.

Por ello, aclaró que la petición del Ministerio Público a los concesionarios telefónicos deberá presentarse por escrito o de manera electrónica. Incluso, dijo que se establece la posibilidad de que la autoridad exponga una motivación de la solicitud para razonar el caso investigado, se indique la averiguación previa que lo respalda y hasta el daño que pueda causar a las personas involucradas en el caso que se sigue.

Los ministros que votaron a favor fueron Margarita Luna Ramos —responsable del proyecto de resolución—, Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar, Jorge Pardo Rebolledo, Fernando Franco, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Zaldívar y Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte.

Su argumento fue que la ley es constitucional y significa una medida indispensable para que la PGR persiga delitos graves como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro.

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