Sinembargo

El 24 de noviembre de 2011, el presidente Felipe Calderón Hinojosa felicitó a Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador de Puebla, por ser el primer mandatario estatal en promover una iniciativa de ley para castigar con penas severas el abuso contra las mujeres y el feminicidio. Lo hizo, además, en el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”: “Felicito al gobernador [Moreno Valle] por castigar al abusador, castigar al que trata mal a la mujer, la discrimina, al que la usa para la trata de personas y ejerce violencia”.

En ese mismo acto, Calderón Hinojosa recordó que el 14 de noviembre de ese mismo año, el Gobierno de Puebla había obtenido la certificación del sistema de gestión en el modelo de equidad de género, que otorga el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Dicha certificación es, también, la primera en su tipo expedida de manera integral para un gobierno estatal. Sin embargo, la iniciativa anunciada con bombo y platillo por el gobernador –premiado por el Inmujeres federal– no se ha consumado y sigue atorada en el Congreso local.

Por si fuera poco, los feminicidios en esa entidad van en aumento, sin que nadie meta las manos. Cifras de la Procuraduría General de Justicia de la entidad –entregadas tras las  solicitudes interpuestas por el sitio Lado B y activistas locales y nacionales– evidencian que en los últimos seis años el número de homicidios dolosos de mujeres en Puebla prácticamente se triplicó, sin que hasta ahora se apliquen políticas de gobierno para detener estos agravios.

Este delito, encima, se ha recrudecido en el actual sexenio. Por ejemplo, en un comparativo entre el primer año de gobierno del priista Mario Marín Torres y el primero del panista Rafael Moreno Valle –quien asumió ese cargo el 1 de febrero de 2011– se observa un aumento de 172% al pasar de 29 a 79 los casos registrados por la PGJ.

De los 375 asesinatos registrados en Puebla entre 2005 y 2012, un 25% se registró en el primer año de gobierno de la actual administración estatal. Lourdes Pérez Oseguera, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) de la Universidad Iberoamericana plantel Puebla, ha advertido que la violencia contra las mujeres en Puebla es ya equiparable a la que se vive en entidades como Jalisco, Sonora, Chihuahua y el Estado de México, donde se registran el mayor número de homicidios en el país.

De acuerdo con el Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos la impunidad existente en la entidad es la que ha detonado que ese delito se dispare, pues el gobierno se ha contentado con hacer declaraciones y dar ruedas de prensa sobre el tema, sin que los hechos las dependencias encargadas de la procuración de justicia se apliquen. El domingo pasado, activistas en pro de la defensa de las mujeres se reunieron en la capital de Puebla para manifestarse y denunciar que en esa entidad se registra una violación cada 12 horas.

“En Puebla no vamos a tolerar la violencia contra las mujeres”, dijo Rafael Moreno Valle el 14 de octubre de 2011, luego de ratificar que presentaría una iniciativa de ley para castigar con mayor severidad el feminicidio. Pero del dicho al hecho hay un buen trecho… Mientras el aumento de los homicidios sigue imparable en esa entidad y el gobierno de Moreno Valle es “premiado” por instancias federales, Puebla es uno de los 18 estados del país donde no se ha incluido la figura del feminicidio como tipo penal dentro del Código de Defensa Social, lo que a juicio de activistas es un grave rezago en materia legislativa y de justicia.