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Por.- María Isabel Rivero

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Washington D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el Caso No. 12.167 Hugo Oscar Arguelles y otros, Argentina.

Los hechos de este caso se refieren a la violación al derecho a la libertad personal y el derecho a un juicio justo en los procesos internos llevados adelante contra oficiales militares por el delito de fraude militar, en cumplimiento de las disposiciones del Código de Justicia Militar de Argentina entonces vigente. La CIDH concluyó que se violó el derecho a la libertad personal de las víctimas al mantenerlas en prisión preventiva por un período excesivo. Asimismo, la Comisión concluyó que el Código de Justicia Militar incluía ciertas provisiones que prima facie constituían una violación del derecho a un juicio justo y de acceso a la justicia. Dicho Código fue derogado posteriormente en el marco de una solución amistosa alcanzada en otro caso tramitado ante la CIDH.

El caso se envió a la CorteIDH el 29 de mayo de 2012, porque la Comisión consideró que el Estado no cumplió con las recomendaciones contenidas en su Informe sobre el caso. En dicho informe, la Comisión Interamericana recomendó al Estado conceder reparaciones integrales, especialmente compensación adecuada a las 21 víctimas por las violaciones a los derechos humanos encontradas por la CIDH.

Adicionalmente, este caso involucra cuestiones de orden público interamericano. El sistema interamericano ha desarrollado anteriormente estándares y jurisprudencia en relación tanto con el juzgamiento de civiles por tribunales militares como con los procedimientos ante tribunales militares contra oficiales militares acusados de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, al plantear un supuesto fáctico distinto a las cuestiones ya abordadas por el sistema interamericano, este caso permitirá a la Corte establecer estándares sobre las garantías judiciales y la protección del derecho a la libertad personal, en el marco de procesos llevados a cabo en la jurisdicción militar respecto de oficiales militares en servicio activo y por delitos de función.

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Por:  The New York Times

Último minuto - Sin comentarios Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, puede ahora presumir entre sus logros uno más: ser de los pocos mexicanos a los que la revista dominical de The New York Times le da la portada.

Este día, el Magazine del Times exhibe a “El Chapo” como un empresario innovador y una figura casi mítica, que a sus 55 años ha desafiado el destino final de los grandes mafiosos: la cárcel o la muerte a una edad temprana. También destaca cómo en agosto pasado Emma Coronel, su esposa, dio a luz en Los Ángeles a dos gemelas, hijas del líder del Cártel de Sinaloa, sin que Estados Unidos pudiera impedirlo porque la madre es ciudadana norteamericana.

Eso sí: dejó blanco el nombre del padre en el certificado de nacimiento. Como parte de su habilidad emprendedora, el Times atribuye a “quien sería el criminal más buscado por EU en el mundo post-Bin Laden” el haber inventado los narcotúneles a finales de la década de los 80, para cruzar droga en la frontera entre Agua Prieta, Sonora, y Douglas, Arizona.

Bajo el título de “Cocaine, Incorporated”, el texto escrito por Patrick Radden Keefe, ex asesor del secretario de Defensa, señala que el Cártel de Sinaloa es “una organización compleja y multimillonaria con operaciones en más de una docena de países”, y sitúa a Guzmán como presidente del Consejo de Administración (CEO) de la transnacional delictiva. La revista dominical publica el reportaje acompañado por viñetas o ilustraciones de comic, que van narrando, junto con el texto, la vida de este “empresario de la droga” El Cártel de Sinaloa puede comprar un kilo de cocaína en Colombia o Perú por 2 mil dólares y ver su valor incrementarse mientras avanza en el mercado, señala el trabajo periodístico.

En México el kilo alcanza más de 10 mil dólares, pero al cruzar a Estados Unidos se vende en 30 mil dólares al mayoreo. Dividido en dosis, el mismo kilo alcanza los 100 mil dólares, un precio mayor al del oro. El reporte señala que a la edad que tiene ‘El Chapo’ (55 años), el legendario narcotraficante colombiano Pablo Escobar llevaba 10 años muerto. Precisa además que según la DEA, Guzmán vende más drogas que las que Escobar llegó a distribuir en su apogeo. Además de cocaína, el Cártel de Sinaloa exporta también marihuana, heroína y metanfetaminas. Keefe aclara que debido a que los cárteles no emiten estados financieros anuales ni son auditados, sus ganancias no se pueden calcular con exactitud.

 


Sin embargo, el Departamento de Justicia norteamericano estima que las mafias mexicanas y colombianas manejan entre 18 y 39 mil millones de dólares anuales. La Corporación RAND, dedicada al análisis geopolítico, calcula el ingreso bruto de las exportaciones a EU de los cárteles mexicanos en 6.6 mil millones de dólares. Si la organización de “El Chapo” Guzmán abarca entre el 40 y 60 por ciento, esto significa que recibe anualmente unos 3 mil millones de dólares, cifra equiparable a las de Netflix, o en este año Facebook, expresa el reporte. “’El Chapo” siempre habla del negocio de la droga, donde quiera que esté”, dijo un testigo ante un gran jurado norteamericano, describiendo a un emprendedor automotivado, incluso obsesivo, con una tendencia a la microadministración.

 

Según el reportaje, desde su escondite en la sierra, Guzmán vigila una compleja red logística, comparable con la de Amazon o de UPS: “doblemente sofisticada porque los traficantes deben mover tanto sus productos como sus ganancias en secreto, además de maniobrar para evitar la muerte o el arresto”.

El negocio de la cocaína requiere una gran inversión, la cual es subsidiada según el NYT por el tráfico de marihuana, el cual continúa a pesar de los muros fronterizos y vigilancia con tecnología de punta. De hecho, la DEA señala que para burlar una cerca altamente tecnificada en California, el Cártel del Sinaloa lanzaba desde México las pacas de marihuana con una catapulta. “Tenemos el mejor muro que se puede comprar, y ellos nos responden con tecnología de 2 mil 500 años atrás”, dijo Michael Braun, ex directivo de la Agencia Antinarcóticos.

El futuro del narcotráfico está puesto en las drogas sintéticas. Keefe cita a Anabel Hernández, autora de “Los Señores del Narco”, quien asegura que Ignacio “Nacho” Coronel, uno de los lugartenientes de Guzmán, vio el potencial económico de las metanfetaminas. “Nacho era como Steve Jobs: vio el futuro”, señala Hernández.

Para promover el negocio de la droga sintética, la cual tiene un costo muy bajo de producción, el Cártel de Sinaloa la contrabandeaba a EU junto con la mariguana y la regalaba a sus clientes a fin de crear adicción, según señalan fuentes allegadas a la DEA.

Como en las dinastías de los grandes imperios, el narcotráfico pacta matrimonios para evitar traiciones y fricciones entre grupos rivales. Son las llamadas “alianzas de sangre”, porque muchos de sus miembros son primos por matrimonio o cuñados. Emma Coronel, la esposa de “El Chapo” y madre de las gemelas nacidas en Los Ángeles, es sobrina de “Nacho” Coronel, el “Steve Jobs de las metanfetaminas”, quien murió en un tiroteo con el Ejercito Mexicano en 2010.

Al emparentar, se busca evitar conflictos como el que surgió entre Guzmán Loera y su amigo de la infancia, socio y luego rival Arturo Beltrán Leyva. Tras la ruptura entre ambos en 2008, se acusa a Beltrán de haber matado a dos de los hijos de “El Chapo”, según señala el texto publicado hoy en la revista dominical de The New York Times.

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El gobierno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció este viernes que detendrá la deportación de cientos de miles de estudiantes indocumentados, quienes podrán recibir además permisos temporales de trabajo.

El anuncio de la secretaria de Seguridad Interna (DHS), Janet Napolitano, significará un alivio para casi 800 mil jóvenes indocumentados que enfrentan el prospecto de la deportación y quienes habían centrado sus esperanzas en la iniciativa de Ley Dream, estancada en el Congreso.

La funcionaria explicó que esta acción estará vigente por dos años y sujeta a renovación.

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www.global-mexico.com.- El Peso y Las observaciones llevadas a cabo por el Explorador Infrarrojo de Campo Amplio para Sondeo (Wide-field Infrared Survey Explorer o WISE, por su acrónimo en inglés), de la NASA, han permitido obtener el mejor conteo registrado hasta la actualidad de la población de asteroides potencialmente peligrosos de nuestro sistema solar.

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Amnistía Internacional (AI) reitera enérgicamente su llamado a las autoridades mexicanas para que cumplan con su deber de excluir de forma inmediata de la jurisdicción militar las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por militares.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará varios casos en los que tendrá la oportunidad de reiterar  que  las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que condenan a México son de inmediato y obligado cumplimiento para todos los tribunales del país. Estas sentencias  obligan a excluir del fuero militar casos de violaciones de derechos humanos y delitos cometidos contra civiles cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas.

Amnistía Internacional reconoció en su momento el avance logrado con la reforma en materia de derechos humanos a la Constitución Mexicana en 2011 que expresamente obliga a todas las autoridades el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos. La organización espera que se respete este marco legal para garantizar el cumplimiento puntual de las sentencias de la CoIDH.


El presidente Calderón ha declarado en reiteradas ocasiones que su gobierno va a garantizar el cumplimiento de las sentencias de la CoIDH, incluyendo la reforma del Código de Justicia Militar, pero no se ha hecho. El Senado debatió una reforma al Código pero no contó con suficientes apoyos para avanzar, al parecer debido al cabildeo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para preservar el fuero militar que ha asegurado la impunidad de quienes son responsables de violaciones graves de derechos humanos.

Es esencial  que todas las autoridades mexicanas asuman la responsabilidad de garantizar un recurso efectivo a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas y cumplan con su obligación de respetar los derechos humanos consagrados en la Constitución mexicana y los tratados internacionales de derechos humanos.