Por Rafael Azul wsws.org
A medida que la administración del presidente de México, Enrique Peña Nieto se acerca a su quinto mes en el poder, hay una rápida escalada de la militarización en México. Una combinación de fuerzas de comando de operaciones especiales y escuadrones de la muerte paramilitares, ambos equipados por y en estrecho contacto con los militares de EE.UU., se está poniendo al servicio del gran capital mexicano y de las corporaciones transnacionales. Cada vez más México está operando bajo un estado de sitio no oficial.
Desde que Peña y el Partido Revolucionario Institucional (Partido Revolucionario Institucional, PRI) reemplazaran en el cargo al ex presidente Felipe Calderón y al Partido Acción Nacional (Partido Acción Nacional, PAN) el 1º de diciembre de 2012, se ha intensificado una relación de larga data entre el Pentágono y el Gobierno mexicano.
El 17 de enero, la Associated Press informó que los militares de EE.UU. abrieron un nuevo centro de operaciones en Colorado para entrenar al personal de seguridad mexicano que enfrentará al crimen organizado y los carteles de contrabando, utilizando los mismos métodos de contrainsurgencia que los militares de EE.UU. utilizan en la lucha contra Al Qaeda y los talibanes.El anuncio se produjo tras la noticia de que las fuerzas estadounidenses de operaciones especiales han ayudado al gobierno mexicano a establecer su propia agencia de la CIA, el Centro Nacional de Inteligencia (Centro Nacional de Inteligencia, CNI), en la Ciudad de México.El centro de formación militar estará bajo el mando del NORTHCOM, la división del Pentágono para operaciones en Norteamérica. Además de otras tareas, los funcionarios mexicanos de la policía y del ejército serán capacitados en la creación de una red de agencias de inteligencia, similar a las que llevan a cabo las guerras criminales en Afganistán e Irak. Programa creado por el entonces secretario de Defensa, Leon Panetta.Tanto los funcionarios mexicanos como los estadounidenses se esforzaron por presentar el programa como algo habitual, sólo que a partir de ahora el comandante de EE.UU. del programa tendrá el rango de general. En una declaración escrita, el capitán de navío Jeff Davis declaró: "Estamos simplemente colocando a un comandante a cargo de las cosas que ya estamos haciendo."
La formación actual en la estación NORTCHOM de Colorado es parte de un acuerdo militar -ejército a ejército- del año 2008. Ese programa ahora será ampliado y actualizado para dar cabida a un máximo de 150 estudiantes a la vez; en la actualidad está formando a 30.
Bajo la Iniciativa Mérida, que aportó $ 2 mil millones en recursos militares a México, el gobierno de Felipe Calderón dio rienda suelta a las agencias estadounidenses como la CIA, la DEA, el FBI, ATF y a los contratistas privados bajo su supervisión.
Sus agentes rutinariamente no solo llevan a cabo actividades prohibidas en los Estados Unidos, tales como el lavado de dinero y entrenamiento para torturar, sino que además abastecieron a los carteles criminales de drogas con armas. ya para 2011, había cientos de agentes estadounidenses dentro de México.
También está operando en México la USAID (Agencia para el Desarrollo Internacional). Esta última agencia fue instrumento para la creación y apoyo de los regímenes militares fascistas en Uruguay, Chile, Argentina y Brasil en la década de 1970. La agencia supuestamente se encuentra en México por otras razones, como la reforma judicial penal y la mitigación de la delincuencia y la violencia.
Aunque Calderón ya no está en la oficina, esta estrecha relación con el Departamento de Estado de EE.UU. y el Pentágono está aumentando bajo el gobierno actual. Cuenta con el apoyo de todos los partidos en la legislatura que firmaron el Acuerdo de Pro México (Pacto por México, en español), el PRD, el PVEM el PAN y el PRI.
En agosto de 2012, un cable de WikiLeaks reveló que un acuerdo secreto ha existido entre el Pentágono y la Armada de México (Secretaría de Marina, SEMAR). El acuerdo especifica que todos los intercambios de información de "seguridad nacional" entre ambos organismos se mantendría confidencial, sin que ninguna autoridad del gobierno, empresa, institución u organización tenga acceso.
Bautizado como “el Acuerdo General de Seguridad de Información Militar” (GSOMIA), el pacto fue firmado en septiembre de 2008. El Almirante Francisco Saynez, quien encabezó la SEMAR bajo el mandato de Calderón, lo firmó a espaldas del pueblo mexicano.
Una vez que el cable de WikiLeaks se hizo público, la versión oficial sostenía que este pacto secreto tenía como objetivo proteger a las fronteras mexicanas contra el contrabando de drogas.
El acuerdo dio lugar a un intercambio de información sin precedentes entre NORTHCOM y SEMAR en la guerra contra las drogas y en la guerra contra el terrorismo. El gobierno de Obama define los carteles de la droga como ejemplos de "narco-terrorismo", y al hacerlo, coloca a México en el marco de la doctrina de guerra preventiva.
La intervención militar de Estados Unidos en México es parte de una política más amplia de intervención militar en la región. En un momento dado, unos 4.000 militares estadounidenses operaban en América Central y el Caribe, supuestamente para frenar el flujo de drogas hacia los EE.UU. Tan sólo en México, más de 2.000 efectivos estadounidenses participaron en la capacitación de las fuerzas militares mexicanas.
La guerra contra el crimen organizado ofrece un pretexto para expandir el rol policial de los militares, aunque el uso de las fuerzas armadas como instrumento represivo contra la clase obrera no es algo nuevo en México. Fue una característica de 12 años de gobierno Panista (con Vicente Fox en el 2000-2006 y Calderón en 2006-2012).
Para ello, el gobierno contó con la colaboración tanto del PRI, PRD, así como la FTM-CT (Federación de Trabajo de México, Congreso de Trabajadores) en contra de los maestros de Oaxaca y los empleados públicos, en 2006 y 2011, así como contra los mineros en huelga y trabajadores del acero en Michoacán en 2006. En Michoacán, una fuerza combinada federal y estatal de 1000 miembros atacó a trabajadores en huelga en la planta de acero Lázaro Cárdenas, acusando a los trabajadores de "terrorismo". Dos jóvenes trabajadores murieron y otros 30 resultaron heridos.
Durante la presidencia de Calderón la guerra contra las drogas fue siempre la razón dada para institucionalizar aún más al ejército como una fuerza represiva, para aprobar una ley que prohibió las protestas sociales y legitimó la violación de los derechos humanos, y para llevar a cabo, con total impunidad legal, la desaparición, la tortura y la muerte de miles de ciudadanos inocentes. Las denuncias de tortura se quintuplicaron entre 2006 y 2012.
En mayo de 2012 dos documentos de Amnistía Internacional y el Departamento de Estado de EE.UU. citaron "miles de informes de desapariciones forzadas por parte del Ejército, la Armada y la policía".
Peña ha nombrado a Ardelio Vargas Fosado para dirigir el Instituto Nacional de Migración (Instituto Nacional de Migración, en español, el INM), un hombre con una reputación claramente establecida de represor violento de la clase obrera.
El INM trata con los cientos de miles de inmigrantes centroamericanos que cada año viajan al norte por México en su camino a los Estados Unidos y que habitualmente caen presa de las bandas criminales y los funcionarios de policía corruptos. Como Jefe de la Policía Federal Preventiva, Vargas había llevado, bajo las órdenes de Peña- salvajes ataques contra el pueblo de San Salvador Atenco en 2006, además de la represión a los maestros de Oaxaca el mismo año.
Según Vargas, el movimiento de los centroamericanos a través de México se ha convertido en un "problema de seguridad nacional", que debe ser manejado "con precisión".
Además de las fuerzas militares especiales y regulares, Peña propone la creación de escuadrones paramilitares formados por ex soldados y oficiales de policía con el fin de llevar a cabo más campañas "quirúrgicas".
Frases como "campañas quirúrgicas" y "con precisión" son eco del lenguaje utilizado por las dictaduras latinoamericanas de la década de 1970 para describir el secuestro, tortura y desaparición de opositores políticos y la supresión de la lucha de clases.
El homólogo colombiano de Vargas, el jefe de la policía Oscar Naranjo, él mismo un notorio violador de los derechos humanos, ha sido nombrado por el presidente de Peña para ayudar a establecer las fuerzas paramilitares. Como jefe de la policía en Cali y como jefe de la Policía Nacional, Naranjo jugó un papel decisivo en la creación de los escuadrones paramilitares de la muerte que aterrorizaban a los trabajadores y campesinos colombianos.
Haciendo un recuento de las relaciones íntimas de Naranjo con la DEA y con otras agencias de policía de Estados Unidos, un artículo de investigación realizado por el diario mexicano La Jornada describió al ex jefe de la policía colombiana como alguien que se había convertido en "producto de exportación de Washington en el subcontinente", trayendo consigo la experiencia en la organización y encubrimiento de las guerras sucias.
Cuando el candidato Peña ofreció a Naranjo servir como "asesor", lo hizo para dar respuesta a las presiones de Washington para que diera garantías de que el PRI -fuera del poder durante una docena de años después de su ininterrumpida duración de 71 años de gobierno- escalaría la militarización de México ejercida con el PAN y Calderón.