por.- Guadalupe Lizárraga

Mientras tiene lugar la calificación del Tribunal Electoral sobre los miles de delitos cometidos por el PRI para imponer a su candidato Enrique Peña Nieto como presidente de México, se puede observar la semejanza de la crisis política que este país con la Checoslovaquia de 1989, o con el terror que vivió El Salvador, diez años antes.

En Checoslovaquia, las multitudes exigían en las plazas públicas acabar con el totalitarismo. Los estudiantes eran redes humanas para despertar la conciencia contra la mano dura del régimen. Salieron a la calle a exigir democracia y fueron reprimidos por la policía. Como respuesta del pueblo, obreros y miles de estudiantes más se sumaron a las manifestaciones en contra del régimen y no pararon.

Las manifestaciones masivas hicieron visible la lucha política al mundo, pese a que eran ignoradas por los medios nacionales, porque eran propiedad del gobierno. No hubo derramamiento de sangre, aunque el ejército rondaba las calles. Los militares estaban listos para defender al régimen, pero no para disparar contra civiles.

En aquella Checoslovaquia, increíblemente como en el México de hoy, también hubo fervorosas ovaciones por el ciudadano medio que tenía una idea predominante del orden como base de lo justo, y privilegiado en la burocracia del régimen vivía en su zona confort. Igual que el México de hoy.

Incluso el discurso del poder totalitario seducía a sus seguidores de mayor precariedad económica con el tema de la eficiencia para resolver problemas que la democracia no tendría condiciones para resolver.


Y aun así las multitudes checoslovacas no dejaban de rugir contra la represión y el encarcelamiento de sus compañeros, opositores y activistas, contra la confiscación de bienes, contra la depredación sistemática al pueblo, mientras el régimen hacía esfuerzos sin descanso para crear una imagen de aparente unidad al mundo.

México 2012. El PRI nunca ha dejado de tener el poder. Hay suficientes elementos de análisis para sostener que las alternancias gubernamentales fueron acordadas, convenidas con la simulación de oposición panista. Para muchos mexicanos esto no es novedad. A la distancia que nos da el tiempo, lo vemos más claro.

Carlos Salinas de Gortari asumió el poder presidencial en 1988, por medio de un fraude electoral. En aquel tiempo, el IFE recién creado como tal, actuó igual que ahora, minimizando el fraude y poniéndose a las órdenes de Salinas. Ni tampoco ha dejado de utilizar intelectuales y periodistas que sin pudor ponen su nombre para darle “credibilidad” al performance de la “transición”.

El Legislativo también se ha sometido sin chistar. Y aquellos seis años del PRI que fueron depredación, represión, magnicidios y masacres silenciadas ha sido igual todo este tiempo. Muerte, represión y miseria.

Salinas, como el régimen totalitario, también hizo un esfuerzo especial por mantener la imagen de una nación dinámica frente al mundo, y se encargaba casi personalmente de mantener a los medios contentos, muy contentos. Fue la diferencia con sus sucesores.

En los siguientes doce años no cambió nada, excepto que a la clase política se le soltó el cinismo. Los políticos con más avaricia se convirtieron en narcotraficantes y los narcos querían saber lo que era el poder del erario, ambos sin disimularlo. Así se crearon los compadrazgos entre funcionarios públicos y líderes de los cárteles, se compraron curules y cargos públicos, volvieron adicto al ejército, sicarios a los federales, quitaron del camino a quien estorbaba sus planes, desde Luis Donaldo Colosio hasta valientes líderes de sindicatos, jueces honestos y activistas de derechos humanos; y siguieron manteniendo contentos, muy contentos, a los medios.

Éste es el contexto del México que enfrentamos hoy, un régimen secuestrado por el narcopoder desde 1988. Un México donde los ciudadanos tienen que adaptarse al molde que oficialmente se impone “por seguridad”. Al mínimo desacuerdo, se aplica la fuerza, se lanza la amenaza de muerte; y si se persiste, la muerte misma, como medida de terror.

El narcopoder no puede mantener este régimen sin policías ni militares drogados, sólo así pueden cruzar la línea y perpetrar feminicidios y asesinar sin vacilación a jóvenes inocentes. El narcopoder necesita de un poder judicial subyugado con riquezas, propiedades, viajes, con becas totales para sus hijos en las escuelas privadas de elite en Europa. Todo esto porque necesitan que los magistrados les garanticen impunidad.

El narcopoder necesita diputados y senadores dependientes del alcohol y de la cocaína para volverlos sumisos. Un asunto doméstico ya entre ellos, como el de las casas de prostitución a domicilio de Polanco. Los más perversos se convierten en depredadores sexuales de niños y jovencitas adolescentes, como ya han sido denunciados por Lydia Cacho, a quien para evitar matarla porque eso distraería mucho por ahora, la expulsaron del país con amenazas. La propia realidad de los legisladores, pues, los pone de rodillas al narcopoder.

En este escenario surgió hace seis años la única posibilidad de transformación: el triunfo electoral, pacífico, de Andrés Manuel López Obrador. Pero se le dio la espalda.

Ahora, en esta elección del 2012, los partidos políticos, voraces y sometidos, trabajaron tanto en aparentar la democracia, que los delitos electorales se les desbordaron. Los medios, sirvientes corruptos y arrogantes, fueron incompetentes en legitimar el 1 y 2 de julio el supuesto triunfo de Peña, porque no pudieron competir con la información que daban las redes sociales, hoy una pesadilla para los criminales del narcoPRI.

No hay que olvidar que el lavado de dinero es un crimen que se persigue internacionalmente, y está estrechamente vinculado con mafias que cometen otros crímenes no de menor gravedad, como desapariciones forzadas, tráfico de drogas y corrupción de autoridades. No es pues, un asunto meramente financiero ni electoral, de rebase de tope de campaña en lo que incurrió el PRI, aunque los medios lo callen y el IFE insista en ignorarlo.

A muchos mexicanos les parece exagerado exigir la invalidación de las elecciones, porque lo ven como un asunto de disputa electoral al estilo sueco, en abstracción del cinturón de criminalidad que rodea el fraude. No obstante, se trata de políticos y medios amafiados no sólo para legitimar la elección, sino para disimular el golpe de estado que se está perpetrando.

El golpe lo están dando los magistrados que simulan calificar la elección, cuando lo que está en juego es un crimen de índole judicial. Un solo ejemplo, del sesgo del Tribunal Electoral es la sentencia en favor de Marco Antonio Blázquez Salinas, con denuncias de peculado e íntimo amigo del narcotraficante Jorge Hank Rhon. Destituyó a un verdadero político de izquierda en la candidatura al Senado por Baja California que tenía treinta años de lucha social, Juan Pablo Leyva Rodríguez. Este lo demandó y los magistrados favorecieron al narcotraficante sin siquiera tener militancia en el partido Movimiento Progresista. La verdadera izquierda fue desplazada y el partido desprestigiado. Menciono uno de los casos menos conocidos, pero hay una larga lista.

El golpe lo está dando el IFE, el principal sirviente de Carlos Salinas de Gortari, Leonardo Valdés Zurita, con descarado cinismo, que se ha convertido en el defensor del PRI en flagrante violación de los derechos políticos de los mexicanos.

El golpe lo están dando las cúpulas de los partidos políticos que simularon ser oposición y dejaron filtrar a narcotraficantes y a corruptos de Televisa.

El golpe lo está dando Enrique Peña Nieto, que sin haber ganado la elección, e ignorando toda demanda en su contra, con expediente abierto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los atentados contra su expareja homosexual, con expediente abierto ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el mismo caso y por el de Atenco, con denuncias de financiamiento ilegal de su campaña, lavado de dinero y peculado, ya está fungiendo como presidente. Ya lanzó a sus serviles legitimadores del poder, el boletín de prensa para anunciar que impulsará en septiembre la ley contra la corrupción.

El golpe significa una violación a la Constitución, a los protocolos institucionales, a leyes electorales, y una violación a nuestra dignidad colectiva.

A diferencia de México, en Checoslovaquia, los medios fueron el punto de inflexión en el cambio del sistema, porque advirtieron que se pondrían en paro nacional junto al pueblo si no los dejaban transmitir las noticias con veracidad.

Hoy, los mexicanos no contamos con los medios, pero tenemos las redes sociales que a pesar de no llegar a toda la población mexicana somos millones que hemos despertado y nos hemos sumado a las convocatorias de conciencia.

Es nuestro poder independiente, libre, global, que el narcopoder no puede tocar, y menos a quienes estamos fuera de México. Ya lo demostramos en todo el proceso electoral, ahora falta en la defensa de la democracia.

México necesita el apoyo hoy. Y no necesitamos armas. Necesitamos solidez y valor para parar este golpe. La lucha no puede ser sólo político-electoral, porque ellos son una mafia que recurre al tráfico de influencias, corrupción y asesinato.

La lucha tiene que ser ahora también económica. Las movilizaciones masivas son indispensables para llamar la atención del mundo sobre lo que sucede y para mostrar nuestra fuerza y autoestima colectiva, pero la ofensiva final tiene que incluir la huelga general. Es necesario para cerrar la llave del erario y como presión para que invaliden la elección. Lo que derrocó el régimen totalitario después de que iniciaron las primeras manifestaciones en Checoslavaquia, fue la huelga que paralizó al país el 27 de noviembre de 1989. El régimen no lo resistió. El narcopoder tampoco lo resistiría.

Pensemos juntos, el golpe ya está aquí.

Fuente.- losangelespress.org