Washington– Se aproxima una crisis inmigratoria, pero no será en la frontera. Llegará a oficinas y juzgados, y será medida en montañas de papeleo y tensas cuentas bancarias, en largas filas y demoras. Será ocasionada por una crítica escasez de abogados y otro tipo de asistencia legal para las familias que navegarán por la burocracia inmigratoria y el sistema de justicia.
Más de cuatro millones de personas, en teoría, podrán calificar para recibir ayuda de parte del plan de Obama, el cual les ofrece a los inmigrantes ilegales una protección temporal de la deportación y permisos de trabajo. No todos podrán aplicar o calificar, pero aquellos que lo hagan es muy probable que empujen al ya tenso sistema hasta su límite. Grupos en defensa de los inmigrantes y organizaciones comunitarias que ya están ayudando a aquellos que están por ser deportados tendrán que encontrar nuevos recursos para ayudar a los que aplicarán al programa de Obama.
Las dificultades se agudizan en todo el país. En la ciudad de Nueva York, los grupos defensores esperan recibir más de 250 mil aplicaciones en los primeros meses, muchas de estas de parte de personas que no pueden encontrar o pagar a los abogados y que hablan muy poco inglés.
¿Cuál es la mejor manera para ayudarlos? Con dinero, idealmente de parte del Congreso, pero esa es una causa perdida ahora que los republicanos no harán nada para ayudar a los inmigrantes indocumentados en los problemas legales. Quedará entonces en manos de los estados, ciudades y grupos defensores para remendar las fisuras del sistema.
En Nueva York, el consejo municipal y el alcalde, Bill de Blasio, han hecho lo posible para reforzar una red de servicios legales, y de otra índole, para los inmigrantes. El año pasado, el consejo apartó 18 millones de dólares para ayudar a los inmigrantes jóvenes conocidos como Dreamers a que apliquen al actual programa de acción referida, el cual, según los planes de Obama, será expandido.
El consejo también ha ayudado a pagar la asistencia legal para los menores inmigrantes que arribaron a la frontera este verano, y destinó unos 5 millones de dólares en junio al Proyecto para la Unidad de la Familia Inmigrante de Nueva York, un innovador programa de defensa pública para los inmigrantes detenidos. Los defensores de la inmigración dicen que con tan sólo 3 o 4 millones de dólares adicionales en ayuda estatal, Nueva York podría expandir el programa para incluir a cada familia que lo necesita. El gobernador, Andrew Cuomo, quien ha prometido convertirse en un líder de la inmigración, debe prestar atención a dicho llamado.
Podría aprender algo de De Blasio, quien planea convocar a una reunión de otros alcaldes este mes para coordinar esfuerzos en torno a la inmigración, tal como lo hacen los grupos locales de defensa. Los fines de semana por la mañana en la Plaza Federal 26, donde los jueces de inmigración llevan a cabo los procedimientos de deportación para el área de Nueva York, inmigrantes sin representación legal, muchos de ellos menores de edad, reciben ayuda de parte de abogados y voluntarios de los grupos de coalición, incluyendo el Proyecto Pase Seguro de la Escuela de Leyes de Nueva York y el Cuerpo de Justicia para el Inmigrante, una iniciativa sin precedentes creada por el juez federal de apelaciones, Robert Katzmann y financiada por medio de subsidios de parte de la Fundación Robin Hood, un grupo filantrópico contra la pobreza.
Programas como estos brindan un destello de progreso, a diferencia de las noticias del gobierno federal en torno a la inmigración, la cuales parecen ser un tanto desalentadoras. El Congreso se rehúsa a actuar. El Presidente Obama ha inclinado la balanza a favor de la justicia para los inmigrantes, y su acción ejecutiva es el paso más prometedor que se haya dado en décadas en la cuestión inmigratoria. Sería trágico ver que todo su potencial decaiga por falta de dinero y apoyo.
*Agencias